Según un reciente estudio, en el
año 2040 España será el país con mayor esperanza de vida del mundo, con 86 años,
superando al actual que es Japón. Ser el país más longevo está bien para los
ciudadanos pero pone los pelos de punta al Gobierno que tiene un grave problema
con el sistema actual de pensiones con origen en los años 60 donde la
longevidad era de 70 años y la tasa de natalidad era el triple de la actual
(era la época del baby-boom) donde cada mujer tenía una media de 3 hijos frente
a 1,3 actualmente y con baja incorporación al mercado laboral.
En 2018, en España hay 9,7
millones de pensionistas que cobran en media 960 euros frente a los 7,5
millones que había hace 20 años con una pensión de 443 euros. Si se consideran
las pensiones por jubilación, el importe medio ha pasado de 810 euros en 2008 a
1.105 euros en 2018, lo que supone un incremento del 34% en ese periodo y lo
peor está por llegar, pues las bases de cotización son mayores y las pensiones
y número de pensionistas crecerán en los próximos años haciendo inviable el
sistema actual.
Conforme aumenta la longevidad y
se invierte la pirámide poblacional (en 2030 el 25% de la población tendrá +65
años), la tasa de dependencia, que es el verdadero eje vertebral del actual sistema
de pensiones, se hace cada vez mayor pasando de 3,2 jubilados por cada 10
personas en edad de trabajar en 2018 a 7,6 en 2050 o, dicho de otra forma, que
en 2050 habrá 1 contribuyente a la Seguridad Social por cada pensionista
mientras que ahora hay dos. Además de que las cotizaciones en España son más
elevadas que la media de la UE-28, la tasa de reemplazo, es decir, el
porcentaje que se cobra de pensión respecto al último salario, en España está
en el 82% frente al 43% de la UE-28 lo que complica aún más el problema pues la
Comisión Europea indica que en España en 2050 será del 52%. Si a esto añadimos
la elevada tasa de desempleo junto con la precariedad laboral, los bajos
salarios y el descenso demográfico proyectado, el cocktail explosivo sobre las
pensiones futuras está servido.
En esta línea, la OCDE acaba de
anunciar una serie de recomendaciones a España entre las que destacan el incremento
de la edad de jubilación más allá de los 67 años, el cambio en el sistema de
pensiones impulsando los planes privados y mayores incentivos a la ampliación
de la vida laboral.
A la vista de los datos, cada vez
parece más evidente que será necesario tomar medidas que complementen la menor pensión
pública que recibiremos en el futuro a lo que habrá que añadir un nuevo modelo
de pensiones sostenible que considere toda la vida laboral para el cálculo de
la pensión y que permita mantener la equidad inter e intra-generacional, no
sólo determinando el techo de gasto que el Estado puede permitirse para el pago
de pensiones así como los mecanismos de financiación, sino incentivando la contratación
de sistemas privados que compensen el impacto en el poder adquisitivo, a la vez
que se debe vincular tanto la edad de jubilación junto con el importe de la
pensión a la esperanza de vida desincentivando la jubilación anticipada e
incentivando medidas de prolongación voluntaria de la vida laboral o incluso
poder seguir trabajando mientras se recibe una pensión como complemento para
mantener el poder adquisitivo.
Ante esta panorámica, debemos
preguntarnos, como hace la OCDE, si llegaremos a recibir una pensión pública en
los próximos 20 años y de ser así, si la cuantía de la misma será similar, en
poder adquisitivo, a la actual, un problema grave que todos los gobiernos
intentan ocultar bajo la alfombra dando una patada al problema hacia delante
con la esperanza de que otros lidien con la patata caliente en el futuro. Sin
embargo, más bien temprano que tarde, alguien tendrá que ponerle el cascabel al
gato y dejar a un lado populismos e intereses partidistas o ideológicos que no
van a llevar a ninguna parte. Hasta ahora, con el conocido Pacto de Toledo,
todos los gobiernos han ido aplicando parches y hay que asumir lo que hasta
ahora es un secreto a voces, la incapacidad del sistema actual y de las arcas
públicas para mantener niveles de pensiones similares para quienes se jubilen en
los próximos, aceptando con determinación, amplitud de miras y política de
Estado, que ha llegado el momento de abordar un nuevo modelo, sin paños
calientes, siendo conscientes de que la sostenibilidad financiera del sistema
actual tiene los días contados y que debemos mirar hacia delante con
perspectiva y no por el espejo retrovisor.
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