miércoles, 20 de noviembre de 2013

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES - EL BIENESTAR DEL ESTADO


El ministro de Hacienda lleva un tiempo anunciando por todos los medios de comunicación que se está preparando una profunda reforma fiscal a todos los niveles y que afectará, en especial, a los grandes impuestos, es decir, Renta, Sociedades e IVA, así como sus derivados. Esta profunda reforma de la Ley General Tributaria no tiene otro objetivo que recaudar más y más para seguir manteniendo el bienestar del Estado en vez de fomentar el Estado del bienestar.

En una situación de crisis como la actual, es necesario que el Estado intervenga para acelerar al máximo posible la recuperación económica que en mi opinión no vendrá dada por incrementos en el PIB sino por reducciones importantes en la tasa de desempleo. De hecho, me hace gracia cuando alguien indica que las empresas del IBEX comienzan a ver signos de recuperación y bajo a la calle y veo que hay mucho menos tráfico que antes y que siguen cerrando pequeños establecimientos además de que algunas grandes superficies están casi vacías o con la mitad de las luces encendidas para ahorrar, sin embargo los precios siguen subiendo (aunque ahora nos digan que estamos en un proceso deflacionario, que no me creo) y tenemos una tasa de paro elevadísima que si atendemos a las previsiones de organismos internacionales para el año 2016 se mantiene en el 26%, bastante alentador.

¿Para cuándo queda la reforma de la estructura del Estado, algo que nos hace gastar miles de millones de euros para mantener en sus tronos a reyezuelos y sus nobles que no ansían otra cosa que el poder y todo lo que se deriva de ello?. Creo que el actual modelo de Estado se encuentra en la UCI y que los actuales gobernantes no hacen otra cosa que mantenerlo intubado y con vida a costa de los sufrimientos del resto de la sociedad que no entiende el entramado de puestos políticos, instituciones y empresas públicas que siguen viviendo del erario público sin que los que nos gobiernan hagan lo más mínimo pues cuando nos dicen que se están siguiendo políticas de austeridad casi suena a obsceno las mentiras. Por ejemplo, muchos gobernantes dicen que están bajando el IBI y, sin embargo, cada año pagamos más por este concepto, otros nos dicen que van a bajar los impuestos sobre la renta pero cada año pagamos más y tenemos menos deducciones, …. A modo de ejemplo, en España hay 350 diputados estatales que cuestan unos 25 millones de € sólo en retribuciones, 1268 diputados autonómicos que cuestan unos 250 millones de € en cada legislatura, 68462 concejales, 8116 alcaldes, que suponen un suma y sigue en el despilfarro nacional al que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo.

Sin entrar a valorar lo que cobran, que raya en la obscenidad, hay que sumar los empleos indirectos que generan todos estos políticos democráticamente elegidos, los llamados asesores que nadie es capaz de inventariar pero que se cuentan por miles en toda la geografía española.

Por poner un ejemplo, Madrid y Barcelona tienen un presupuesto de 7 millones € para pagar a sus cargos políticos y de 23 millones€ para pagar al personal de libre designación, terrible dato que multiplica por 3 el gasto. Todo esto sin contar otro tipo de prebendas de las que gozan estos empleados públicos, tales como dietas, gastos de desplazamiento, coches oficiales, comidas en eventos y restaurantes de lujo, teléfono móvil y tablet, etc.

A todo esto hay que añadir trabajos o funciones adicionales que incrementan los emolumentos de muchos de nuestros políticos, no debemos olvidar que sólo en el Congreso de los Diputados existen cargos de Presidencia, Vicepresidencias, Secretarías, Grupos Parlamentarios, Diputación Permanente, Junta de Portavoces, Comisiones Parlamentarias (permanentes, no permanentes, legislativas y no legislativas), Comisiones Mixtas, etc.

No voy a entrar a hablar de los eurodiputados porque eso merece una reflexión aparte, pero todo suma y no sé de dónde sale tanto dinero para mantener las estructuras del Estado, esas que piden a gritos una reforma en profundidad. Que pena que no vengan los del programa Reforma Sorpresa para meter mano en todo esta situación hasta las alcantarillas.

Si nos ponemos a pensar que el estado de Florida tiene casi la misma población que España o que el estado de Texas tiene una superficie similar, nadie se imagina que estos estados estuviesen gestionados por 350 + 1268 + 68462 = 70.000 personas + un numéro similar en asesores + los funcionarios públicos. Parecería un despropósito y, sin embargo, es lo que tenemos en España ya que quien debe resetear el sistema está inmerso en un estado de bienestar personal que no alienta a cambiar el modelo existente para empeorar las condiciones propias y las de los de su partido. Esto, no tiene solución salvo que aparezca un partido honesto que haga borrón y cuenta nueva o como se dice en lenguaje informático, apague y vuelva a arrancar el sistema operativo que nos gestiona.

Cuando era pequeño y le pedía algo a mis padres, muchas veces me decían que el dinero no sale de los árboles, y creo que esta expresión popular deberían llevarla grabada a fuego todos nuestros dirigentes en sus lujosos maletines y en sus despachos para evitar que siga el derroche sin miedo a ser perseguidos o encarcelados por malversación de caudales públicos, algo que legalmente es difícil de atajar.

Mucha gente se preocupa porque el Estado proteja el gasto social (educación, sanidad, pensiones, etc) pero no hay tantas voces que indiquen que lo que debe proteger es el desgaste social de millones de personas, cientos de miles de familias (650.000 estimadas)  que no tienen ingresos con los que mantener a su familia y, lo que es aun peor, sus expectativas son perversas, pues se van a perder generaciones de jóvenes que no van a encontrar trabajos adecuados a su preparación y cualificación profesional por no hablar de la cantidad de desempleados mayores de 45 años que probablemente no van a encontrar ningún puesto de empleo en los próximos años. Por si fuese poco, todas estas personas no van a contribuir al sistema de pensiones (que se encuentra en fase terminal) y cuando se jubilen si queda algo del sistema, la pensión a recibir será ridícula, simplemente porque no han podido trabajar en los últimos años de su vida laboral.

En mi opinión, el Estado no puede sostener a esta legión de desempleados durante mucho tiempo garantizándoles una calidad de vida básica por lo que la vía fundamental para corregir estos sesgos está en la iniciativa privada y, por tanto, en la creación y mantenimiento de tejido empresarial. La actividad empresarial no sólo se fomenta reduciendo papeleos o eliminando algún que otro impuesto municipal, se fomenta mediante estímulos basados en menores impuestos, cuotas sociales y facilidades para la contratación de empleados, muchas más de las que actualmente ofrece la reforma laboral. Me pregunto de qué sirve un estado de bienestar que no nos podemos permitir si muchas familias no pueden gozar del bienestar de dicho Estado. Probablemente la respuesta está en que los agraciados con la protección del Estado se encuentran entre la clase política y social de este país. Al paso que vamos, habrá que crear un sindicato que defienda a los desempleados pues los que actualmente conocemos básicamente se enfocan en defender (por decir algo) a los que están empleados.

Los grandes despachos profesionales (como no podía ser de otra forma) piden que se baje el impuesto de sociedades, actualmente en el 30% lo que es claramente superior a otros países con los que a veces se nos compara, por ejemplo, en el Reino Unido es del 23%, Irlanda el 12,5% o Suecia el 22% y Dinamarca el 25%.

En España hemos pasado de recaudar, por sociedades, casi 45.000 millones € en 2007 a menos de la mitad en 2012 y nadie se plantea qué grado de elasticidad tiene la recaudación respecto del tipo impositivo. Parece ser que el Gobierno está pensando en bajar dicho gravamen pero a su vez está pensando en eliminar deducciones por lo que el efecto neto probablemente sea el mismo. De cara a la galería se dice una cosa y por la puerta de atrás se hace otra.

Lo que es claro y evidente es que el gasto público sigue aumentando, que el déficit no termina de ajustarse a las exigencias de la UE y que la deuda pública pronto alcanzará el 100% del PIB, algo que hay que financiar con mayores ingresos públicos. Así pues, nos espera un periodo turbulento en el que tanto administración local, regional y central van a reinventar el sistema tributario (de hecho ya se está haciendo) creando nuevos impuestos de la nada, impuestos verdes o bien copagos de todo tipo bajo argumentos poco sólidos.

La última noticia es que la Agencia Tributaria está personándose en bodas, bautizos y comuniones lejos de hacerlo para acompañar en su júbilo a los novios o padres,  para tomar nota de los asistentes y enviar los requerimientos de información oportunos cara a identificar a los obligados tributarios sujetos a gravamen, sustanciado en el ágape y la actividad económica que supone. Mal deben andar las arcas del Estado y la recaudación por impuestos que es necesario personarse un domingo en eventos de este tipo, por lo que dudo mucho que tras la reforma fiscal sea cierto que pagaremos menos impuestos.

Lo que previsiblemente ocurrirá es que pagaremos más por más vías pero que nos parecerá menos doloroso porque no seremos conscientes de las diversas fuentes por las que Hacienda nos mete la mano en el bolsillo. Estoy de acuerdo en que todos debemos pagar los impuestos que correspondan pero la realidad muestra que son las clases medias las que finalmente pagan el banquete de nuestro Estado del bienestar que solo disfrutan unos agraciados.

 Muchos opinamos que este es el país de la picaresca y que hay una fuerte cultura de evitar el pago de cualquier impuesto o tasa, lo que pone de manifiesto la falta de solidaridad existente o bien, bajo mi opinión, que al igual que existe la cultura de no pagar impuestos existe la cultura y el hábito de malgastar el dinero público por parte de los gobernantes por aquello de que el dinero público no es de nadie. Basta con echar un vistazo a las últimas noticias sobre supuestos desvíos de dinero público por parte de sindicatos a comidas y actos propagandísticos bajo el concepto de formación en el Caribe o el proceso de EREs en Andalucía o simplemente la multitud de casos de lapidación de dinero público que se viven en cualquier entorno público ante la impasividad de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal.

Aquí vivimos en una cultura de impunidad de determinadas clases políticas y sociales parasitarias que no hacen más que reforzar el distanciamiento con la gente de la calle que, viendo lo que hay, toma nota y hace lo que puede para evitar que algunos sigan metiendo la mano en su bolsillo descaradamente.

 Mientras nuestros gobernantes no cambien sus hábitos, difícil será que cambien las costumbres de nuestra sociedad y seguirá habiendo economía sumergida, fraude fiscal y básicamente los chanchullos de toda la vida. Mucho me temo que deberán pasar varias generaciones hasta que consigamos borrar de nuestros dichos populares aquello de con IVA o sin IVA y menos mientras quienes dirigen nuestro futuro sigan pensando que el dinero sale de los árboles o del bolsillo inagotable de los ciudadanos.

 

 

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