El ministro de Hacienda lleva un tiempo
anunciando por todos los medios de comunicación que se está preparando una
profunda reforma fiscal a todos los niveles y que afectará, en especial, a los
grandes impuestos, es decir, Renta, Sociedades e IVA, así como sus derivados.
Esta profunda reforma de la Ley General Tributaria no tiene otro objetivo que
recaudar más y más para seguir manteniendo el bienestar del Estado en vez de
fomentar el Estado del bienestar.
En una situación de crisis como la actual, es
necesario que el Estado intervenga para acelerar al máximo posible la
recuperación económica que en mi opinión no vendrá dada por incrementos en el
PIB sino por reducciones importantes en la tasa de desempleo. De hecho, me hace
gracia cuando alguien indica que las empresas del IBEX comienzan a ver signos
de recuperación y bajo a la calle y veo que hay mucho menos tráfico que antes y
que siguen cerrando pequeños establecimientos además de que algunas grandes
superficies están casi vacías o con la mitad de las luces encendidas para
ahorrar, sin embargo los precios siguen subiendo (aunque ahora nos digan que
estamos en un proceso deflacionario, que no me creo) y tenemos una tasa de paro
elevadísima que si atendemos a las previsiones de organismos internacionales
para el año 2016 se mantiene en el 26%, bastante alentador.
¿Para cuándo queda la reforma de la estructura
del Estado, algo que nos hace gastar miles de millones de euros para mantener
en sus tronos a reyezuelos y sus nobles que no ansían otra cosa que el poder y
todo lo que se deriva de ello?. Creo que el actual modelo de Estado se
encuentra en la UCI y que los actuales gobernantes no hacen otra cosa que
mantenerlo intubado y con vida a costa de los sufrimientos del resto de la
sociedad que no entiende el entramado de puestos políticos, instituciones y
empresas públicas que siguen viviendo del erario público sin que los que nos
gobiernan hagan lo más mínimo pues cuando nos dicen que se están siguiendo
políticas de austeridad casi suena a obsceno las mentiras. Por ejemplo, muchos
gobernantes dicen que están bajando el IBI y, sin embargo, cada año pagamos más
por este concepto, otros nos dicen que van a bajar los impuestos sobre la renta
pero cada año pagamos más y tenemos menos deducciones, …. A modo de ejemplo, en
España hay 350 diputados estatales que cuestan unos 25 millones de € sólo en
retribuciones, 1268 diputados autonómicos que cuestan unos 250 millones de € en
cada legislatura, 68462 concejales, 8116 alcaldes, que suponen un suma y sigue
en el despilfarro nacional al que estamos acostumbrados desde hace mucho
tiempo.
Sin entrar a valorar lo que cobran, que raya en
la obscenidad, hay que sumar los empleos indirectos que generan todos estos
políticos democráticamente elegidos, los llamados asesores que nadie es capaz
de inventariar pero que se cuentan por miles en toda la geografía española.
Por poner un ejemplo, Madrid y Barcelona tienen
un presupuesto de 7 millones € para pagar a sus cargos políticos y de 23
millones€ para pagar al personal de libre designación, terrible dato que
multiplica por 3 el gasto. Todo esto sin contar otro tipo de prebendas de las
que gozan estos empleados públicos, tales como dietas, gastos de
desplazamiento, coches oficiales, comidas en eventos y restaurantes de lujo,
teléfono móvil y tablet, etc.
A todo esto hay que añadir trabajos o funciones
adicionales que incrementan los emolumentos de muchos de nuestros políticos, no
debemos olvidar que sólo en el Congreso de los Diputados existen cargos de
Presidencia, Vicepresidencias, Secretarías, Grupos Parlamentarios, Diputación
Permanente, Junta de Portavoces, Comisiones Parlamentarias (permanentes, no
permanentes, legislativas y no legislativas), Comisiones Mixtas, etc.
No voy a entrar a hablar de los eurodiputados
porque eso merece una reflexión aparte, pero todo suma y no sé de dónde sale
tanto dinero para mantener las estructuras del Estado, esas que piden a gritos
una reforma en profundidad. Que pena que no vengan los del programa Reforma
Sorpresa para meter mano en todo esta situación hasta las alcantarillas.
Si nos ponemos a pensar que el estado de Florida
tiene casi la misma población que España o que el estado de Texas tiene una
superficie similar, nadie se imagina que estos estados estuviesen gestionados
por 350 + 1268 + 68462 = 70.000 personas + un numéro similar en asesores + los
funcionarios públicos. Parecería un despropósito y, sin embargo, es lo que
tenemos en España ya que quien debe resetear el sistema está inmerso en un
estado de bienestar personal que no alienta a cambiar el modelo existente para
empeorar las condiciones propias y las de los de su partido. Esto, no tiene
solución salvo que aparezca un partido honesto que haga borrón y cuenta nueva o
como se dice en lenguaje informático, apague y vuelva a arrancar el sistema
operativo que nos gestiona.
Cuando era pequeño y le pedía algo a mis padres,
muchas veces me decían que el dinero no sale de los árboles, y creo que esta
expresión popular deberían llevarla grabada a fuego todos nuestros dirigentes
en sus lujosos maletines y en sus despachos para evitar que siga el derroche
sin miedo a ser perseguidos o encarcelados por malversación de caudales
públicos, algo que legalmente es difícil de atajar.
Mucha gente se preocupa porque el Estado proteja
el gasto social (educación, sanidad, pensiones, etc) pero no hay tantas voces
que indiquen que lo que debe proteger es el desgaste social de millones de
personas, cientos de miles de familias (650.000 estimadas) que no tienen ingresos con los que mantener a
su familia y, lo que es aun peor, sus expectativas son perversas, pues se van a
perder generaciones de jóvenes que no van a encontrar trabajos adecuados a su
preparación y cualificación profesional por no hablar de la cantidad de
desempleados mayores de 45 años que probablemente no van a encontrar ningún
puesto de empleo en los próximos años. Por si fuese poco, todas estas personas
no van a contribuir al sistema de pensiones (que se encuentra en fase terminal)
y cuando se jubilen si queda algo del sistema, la pensión a recibir será
ridícula, simplemente porque no han podido trabajar en los últimos años de su
vida laboral.
En mi opinión, el Estado no puede sostener a esta
legión de desempleados durante mucho tiempo garantizándoles una calidad de vida
básica por lo que la vía fundamental para corregir estos sesgos está en la
iniciativa privada y, por tanto, en la creación y mantenimiento de tejido
empresarial. La actividad empresarial no sólo se fomenta reduciendo papeleos o
eliminando algún que otro impuesto municipal, se fomenta mediante estímulos
basados en menores impuestos, cuotas sociales y facilidades para la contratación
de empleados, muchas más de las que actualmente ofrece la reforma laboral. Me pregunto
de qué sirve un estado de bienestar que no nos podemos permitir si muchas
familias no pueden gozar del bienestar de dicho Estado. Probablemente la
respuesta está en que los agraciados con la protección del Estado se encuentran
entre la clase política y social de este país. Al paso que vamos, habrá que
crear un sindicato que defienda a los desempleados pues los que actualmente
conocemos básicamente se enfocan en defender (por decir algo) a los que están
empleados.
Los grandes despachos profesionales (como
no podía ser de otra forma) piden que se baje el impuesto de sociedades,
actualmente en el 30% lo que es claramente superior a otros países con los que
a veces se nos compara, por ejemplo, en el Reino Unido es del 23%, Irlanda el
12,5% o Suecia el 22% y Dinamarca el 25%.
En España hemos pasado de recaudar, por
sociedades, casi 45.000 millones € en 2007 a menos de la mitad en 2012 y nadie
se plantea qué grado de elasticidad tiene la recaudación respecto del tipo
impositivo. Parece ser que el Gobierno está pensando en bajar dicho gravamen
pero a su vez está pensando en eliminar deducciones por lo que el efecto neto
probablemente sea el mismo. De cara a la galería se dice una cosa y por la
puerta de atrás se hace otra.
Lo que es claro y evidente es que el gasto
público sigue aumentando, que el déficit no termina de ajustarse a las
exigencias de la UE y que la deuda pública pronto alcanzará el 100% del PIB,
algo que hay que financiar con mayores ingresos públicos. Así pues, nos espera
un periodo turbulento en el que tanto administración local, regional y central
van a reinventar el sistema tributario (de hecho ya se está haciendo) creando
nuevos impuestos de la nada, impuestos verdes o bien copagos de todo tipo bajo
argumentos poco sólidos.
La última noticia es que la Agencia Tributaria
está personándose en bodas, bautizos y comuniones lejos de hacerlo para
acompañar en su júbilo a los novios o padres, para tomar nota de los asistentes y enviar los
requerimientos de información oportunos cara a identificar a los obligados
tributarios sujetos a gravamen, sustanciado en el ágape y la actividad
económica que supone. Mal deben andar las arcas del Estado y la recaudación por
impuestos que es necesario personarse un domingo en eventos de este tipo, por
lo que dudo mucho que tras la reforma fiscal sea cierto que pagaremos menos
impuestos.
Lo que previsiblemente ocurrirá es que pagaremos
más por más vías pero que nos parecerá menos doloroso porque no seremos
conscientes de las diversas fuentes por las que Hacienda nos mete la mano en el
bolsillo. Estoy de acuerdo en que todos debemos pagar los impuestos que
correspondan pero la realidad muestra que son las clases medias las que
finalmente pagan el banquete de nuestro Estado del bienestar que solo disfrutan
unos agraciados.
Aquí vivimos en una cultura de impunidad de determinadas
clases políticas y sociales parasitarias que no hacen más que reforzar el
distanciamiento con la gente de la calle que, viendo lo que hay, toma nota y
hace lo que puede para evitar que algunos sigan metiendo la mano en su bolsillo
descaradamente.
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